El representante de Vanuatu dijo que la lección de los últimos 80 años es que ninguna nación puede afrontar sola los innumerables y complejos retos. El multilateralismo no es una opción, es una necesidad. La solidaridad es muy valiosa. Vanuatu ha sufrido ciclones y un terremoto en los últimos años. «El efecto acumulativo de estos desastres es enorme», aseguró, lo que ha retrasado el progreso económico y social. Como pequeño Estado insular en desarrollo, Vanuatu se enfrenta a limitaciones de recursos. Las inversiones extranjeras se han estancado debido a factores como la injusta inclusión en listas negras impuestas por algunos socios para el desarrollo y, a su vez, la dificultad para acceder a fondos. Las consecuencias son graves. Hizo un llamamiento a la comunidad internacional, las instituciones financieras y los reguladores para que reconozcan los efectos no deseados de la reducción del riesgo en las economías pequeñas y colaboren con los países afectados. Destacó los proyectos de apoyo de la Facilidad de Resiliencia del Pacífico para la resiliencia frente al cambio climático, creada este año, una de las primeras iniciativas regionales de este tipo.

También se refirió a opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático, en la que se afirma que los Estados tienen la obligación jurídica clara de proteger el medio ambiente y los derechos humanos de los efectos de la crisis climática. «Para las naciones vulnerables, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, este dictamen es una poderosa confirmación de lo que venimos diciendo desde hace tiempo: el cambio climático es una amenaza para la existencia y que el mundo tiene la obligación jurídica de responder». Vanuatu presentará este año una resolución de seguimiento a la Asamblea para reafirmar las conclusiones de la Corte y proponer medidas para la puesta en práctica. La Corte Internacional de Justicia es «solo una herramienta para acercarnos al objetivo final de un planeta seguro para la humanidad», afirmó, y pidió a todos los Estados que se unan a las naciones que proponen incluir el ecocidio como quinto delito independiente del Estatuto de Roma. La tipificación internacional como delito de la destrucción medioambiental más grave puede desempeñar un papel crucial a la hora de disuadir de causar daños y proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.