«Hace ochenta años, los Estados fundadores crearon esta Organización con la aspiración de construir un sistema multilateral basado en la cooperación, el respeto del derecho internacional y la dignidad de los seres humanos», afirmó Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial. Elogió a las Naciones Unidas por prevenir conflictos, apoyar la descolonización y promover los derechos humanos, pero advirtió que este aniversario «debe aprovecharse para hacer autocrítica». Con demasiada frecuencia, advirtió, «la respuesta dada a los grandes desafíos ha sido insuficiente», y las Naciones Unidas «se han visto paralizadas por intereses individuales».

El ejemplo más claro de esta desconexión es el Consejo de Seguridad, cuya estructura «sigue anclada en la situación geopolítica de 1945 y no en la del siglo XXI», lo que socava su legitimidad. «Sin esa reforma, el Consejo de Seguridad se seguirá percibiendo como un club exclusivo de privilegios históricos», afirmó, haciendo hincapié en que «África exige lo que le corresponde por derecho, una representación plena y permanente». La verdadera gobernanza internacional, prosiguió, debe «servir a los intereses de todos, no a los de una élite».

En cuanto a las prioridades mundiales, reafirmó el compromiso de su país con la Agenda 2030, calificándola de «compromiso colectivo que refleja nuestro deseo de construir un mundo sin pobreza, sin hambre y con dignidad para todos», aunque apuntó que los avances siguen siendo demasiado lentos. En cuanto al cambio climático, subrayó que «la justicia climática no es un gesto simbólico, es una obligación moral y jurídica», y señaló que las naciones vulnerables pagan el precio más alto, mientras que los principales emisores retrasan la adopción de medidas. Defendió la soberanía, afirmando que «todos los pueblos tienen derecho a diseñar su propio modelo de desarrollo sin interferencias ni sanciones arbitrarias». Citó la resolución pacífica de Guinea Ecuatorial con Gabón sobre la soberanía de las islas ante la Corte Internacional de Justicia como prueba de que «los conflictos pueden resolverse de acuerdo con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y en consonancia con la voluntad política de los Estados».